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Alerta roja en el FC Cartagena, un club sumido en mil problemas y
cuya futura viabilidad pende ahora mismo de un hilo muy fino, tanto en
el terreno deportivo como en el financiero. Salvar la categoría
deportivamente es básico para que la entidad salga a flote y se logre
evitar un final dramático, el que nadie quiere. Pero es que los
'match-ball' no solo se ciñen al ámbito futbolístico. En los despachos
se están 'jugando partidos' igual de importantes. Y el primer
'match-ball' ya tiene una fecha fijada: el próximo viernes 24 de abril.
Ese día -quedan tres semanas-, el administrador concursal del
Cartagena, Ramón Madrid, pedirá que el club entre en liquidación, si no
aparecen antes 188.000 euros para hacer frente al primer pago del
concurso de acreedores, denominado créditos contra la masa. En ese pago
-que es obligatorio para esquivar la liquidación y probablemente
posterior desaparición de la entidad- están incluidas las nóminas de
marzo y abril de plantilla, técnicos y empleados, así como el 50% de la
mensualidad de febrero.
En un concurso de acreedores hay dos grandes tipos de créditos: los
generados con anterioridad a la declaración del concurso de acreedores y
los generados con posterioridad. Los primeros son conocidos como
créditos concursales y se dividen en privilegiados, ordinarios y
subordinados. Aquí están incluidas todas las deudas contraídas por el
club antes del 2 de marzo, día en el que el juez Francisco Cano, titular
del juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, dictó su auto
admitiendo la petición de declaración de concurso voluntario de
acreedores hecha en diciembre por el FC Cartagena.
Esos créditos concursales, entre los que se incluyen los casi 3,5
millones que se deben a Hacienda y a la Seguridad Social, corresponden a
la deuda generada y reconocida por el club antes del 2 de marzo. Ahí
también están reflejados los 200.000 euros que puso Sofinvest, la
empresa de Daniel Golpe y Julio César Ribas, los 115.000 euros que
aportó Shamsir y los 113.000 que se deben al Cartagena FC, de Gómez
Meseguer. Todas esas cantidades no preocupan en estos momentos, ya que
en la propuesta de convenio del FC Cartagena se establece un periodo de
carencia de dos años y se solicita pagar todas estas deudas en un plazo
de 15 años, con su quita correspondiente en los casos en los que sea
posible.
Pagos inaplazables
Los segundos son los créditos contra la masa. Y éstos son los
peligrosos, por urgentes y por inaplazables. Estas deudas son las
generadas por el club a partir del 2 de marzo, aunque por ley se
incluyen también los pagos que había que haber realizado los 20 días
anteriores a la entrada del Efesé en concurso. Los dirigentes albinegros
no han pagado nada en los últimos meses.
Y, por eso, el administrador concursal exige que se abonen las
mensualidades de marzo y abril (además de la mitad de la de febrero),
como requisito fundamental para que él pueda proponerle al juez que el
club vaya a un convenio de acreedores. De lo contrario -si no se
realizan esos pagos-, será inevitable que el administrador concursal
pida que el Cartagena entre en fase de liquidación judicial. Y eso sería
el principio del fin, tanto si el equipo se mantiene en Segunda B como
si baja a Tercera División.
Dentro de ese dinero (188.000 euros), se incluyen unas pequeñas
cantidades que el despacho de abogados de Javier Martínez va a cobrar en
concepto de asistencia jurídica al club dentro del proceso concursal
abierto el segundo día del pasado mes de marzo. En cualquier caso, casi
todo corresponde a los sueldos de los empleados del club (futbolistas,
técnicos y personal de las oficinas). El dinero tiene que llegar sí o sí
antes del 24 de abril. Si no llega, el juez dará el 'OK' a la
liquidación de la entidad.
Obviamente, ese dinero no lo van a poner ni Javier Martínez ni Javier
Marco, los dos únicos dirigentes que comenzaron el proyecto de Sporto
Gol Man y que todavía están subidos -de aquella manera- a un barco que
se va a pique. Su única propuesta para conseguir dinero y evitar que el
juez decrete la liquidación ha sido la de ir a una ampliación de
capital. Se trataría de emitir nuevas acciones del FC Cartagena para que
fueran adquiridas o bien por los actuales accionistas (en las fases
preferentes) o bien por cualquier persona física o jurídica interesada
(en la posterior fase libre). El accionariado actual del club se reparte
entre el 70% que tiene Sporto Gol Man y el 30% que posee Shamsir.
Javier Marco, presidente del Efesé, ha dejado caer en los últimos
días que el club está preparando una ampliación de capital. En cualquier
caso, da la sensación de que no servirá de nada, ya que nadie quiere
invertir un céntimo de euro en el Cartagena mientras Sporto Gol Man siga
aquí. Es más. Hay que recordar que hace diez días, a través de un
comunicado colgado en la web del club, Javier Martínez (su desaparecido
dueño) propuso «ceder cuantas acciones mías sean necesarias para
compensar las aportaciones que puedan realizarse, y con ello recomponer
un Consejo de Administración con aquellas personas inversoras,
representativas de la sociedad y el empresariado cartagenero, y que
puedan sumar a esta causa que es de todos».
Es decir, Martínez ofrecía acciones del Efesé a cambio de dinero para
ir cubriendo los gastos de aquí al 30 de junio. Y en estos diez días
nadie ha llamado a su puerta para comprarle sus acciones a cambio de
nada. Los que quieren entrar en el Cartagena ponen como condición que él
y Marco desaparezcan para siempre.
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