Por candidez o por simple ignorancia, son numerosos los dirigentes que en el transcurso del mes de Junio insisten con la posibilidad de que sus clubes opten a una plaza en Segunda División B ante la debacle que se avecina. Serán muchos (sin precedentes en la historia del fútbol español) los clubes que afronten un descenso administrativo o la desaparición por el descomunal montante de las deudas de salarios que arrastran.
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No basta con haber obtenido una buena posición en la Liga Regular de Tercera o en el Play-Off, o ser un equipo adscrito a la misma competición que los penalizados. Ni siquiera será suficiente haber obtenido una buena plaza, entre los descendidos, en el pasado Campeonato de Segunda División B. Es necesario también contar con unos grandes recursos económicos. Tantos como para afrontar el pago de una parte alicuota de la deuda total de los clubes que no afronten los pagos a futbolistas en la División de Bronce. La nueva reglamentación, vigente desde la pasada temporada (consultar enlace inferior) obliga a asumir esos débitos. Algo que no parece al alcance de ningún club. Sólo la UD Almería dio el paso la pasada campaña al abonar cerca de 700.000 euros para ocupar la plaza del Atlético Ciudad... No parece lógico que entidades que anuncian presupuestos en Tercera inferiores a 300.000 euros puedan pensar en desembolsar cantidades superiores sólo para tener el derecho a participar en Segunda B.
La nueva norma contempla la generación de vacantes. Todo indica que la próxima campaña la Segunda División B podría experimentar una revolución que pasaría por la reducción de equipos y, en consecuencia, de grupos. Más allá del recurso a la Ley Concursal por parte de varias entidades, o la aparición in extremis de presuntos salvadores (o inversores) que en la mayoría de las ocasiones no son tales, la debacle parece servida.
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