La trampa de jugar, fichar y no pagar - ABC.es

Diario Abc.

La Ley Concursal hace que los equipos paguen la mitad y eviten el descenso por las deudas. La reforma está en proceso

EFE

Ruiz Mateos recibió a la plantilla del Rayo en su casa de Somosaguas

Quien hizo la ley hizo la trampa. Los viejos refranes siempre tienen un poso de verdad. La nueva Ley Concursal española, aprobada en 2004, se convirtió en una pirueta literaria para evitar la temida frase de la suspensión de pagos y el fútbol español lo demostró con hechos. Los clubes aprovecharon el resquicio legal para pagar la mitad de los sueldos a futbolistas y entrenadores, acogerse a los cinco años de viabilidad económica y tener el descaro de continuar fichando jugadores con un dinero que oficialmente no podrían tener. Un abuso de la nueva legislación que desvirtuó su objetivo y la transformó en una injusticia para la competición. Desde 2004, veinte equipos españoles que militaron en algún momento en Primera o Segunda División han formado la «liga» más vergonzosa del fútbol europeo.

La llamada Liga de las estrellas, autodenominada la mejor del mundo, también es la número uno en incumplimientos económicos. Una morosidad que se extiende en Segunda B, Tercera y Regional.

Veinte españoles, un inglés

En el resto de las cinco grandes ligas continentales, solo el Portsmouth inglés tuvo que declararse en suspensión de pagos en 2010 y descender de categoría. En España, la Ley Concursal fue estrenada por la Unión Deportiva Las Palmas, que la utilizó bien y saneó una crisis nacida por una deuda de 70 millones de euros. La Real Sociedad también solventó sus problemas, presionada por 28 millones de números rojos. El Celta aprobó un plan de viabilidad para reducir sus débitos de 84 a 17 millones en cinco años. Pero a partir de 2008, la crisis económica azuzó la picardía de muchos dirigentes, que hundidos por el ladrillo se apuntaron a la suspensión de pagos con el fin de retrasarlos durante un quinquenio mientras mantenían sus gastos en fichajes.

Muchos equipos mantuvieron la categoría aunque no pagaban a sus plantillas

El colmo del abuso fueron las sentencias judiciales que permitieron a muchos equipos mantener la categoría, aunque no pagaran a sus plantillas, porque la Ley Concursal era una instancia superior a la normativa deportiva, que exige el descenso el 30 de julio si no se satisfacen los salarios de los profesionales. El Alavés, el Levante y Las Palmas fueron discutidos ejemplos de clubes que evitaron bajar de división al solicitar el concurso de acreedores, a pesar de las denuncias presentadas ante la AFE por sus futbolistas. El sindicato y diferentes equipos criticaron esta violación de la «justicia deportiva». Otros presidentes sí cumplían con sus pagos y comprobaron que esa «honestidad ya no era fundamental», según los Tribunales, para jugar en la Liga Profesional. El regodeo de la situación se produjo cuando los jueces alegaron como argumentos de la aprobación del concurso de acreedores que los clubes solicitantes militaban en Primera o Segunda, hecho que consideraban «un activo». Eran ellos los que consolidaban ese «activo» al no exigir el abono de los sueldos a los jugadores. La ley hecha trampa.

Fichar «sin dinero»

La indignación de las entidades que sí abonaban sus salarios explotó desde aquel año 2008, que abrió la veda a los impagos. Hoy persiste, porque hay equipos que, protegidos en los cinco años de margen para saldar débitos, tuvieron la osadía de fichar futbolistas pagando más que los equipos que no se aprovecharon de la legislación. En declaraciones anónimas, diversos equipos de Primera y de Segunda se han quejado ante ABC por la injusticia que supone no poder fichar jugadores porque clubes que suspenden pagos «pagan más que tú por los traspasos o cesiones». Alex Geijo, el goleador hispano-suizo del Granada, inmerso en la Ley Concursal, es una imagen paradigmática del desequilibrio provocado por la norma legal. Cedido por el Udinese, el delantero eligió el Granada porque le ofrecía más dinero que clubes de Primera, aunque se quiera encubrir la decisión en una apuesta futbolística. El equipo andaluz, oficialmente, no tenía dinero para pagar a su plantilla, pero sí para conseguir un «nueve» cotizado por muchos conjuntos. Ayer, su presidente, Enrique Pina, manifestó que dejará el club a final de temporada «por incumplimientos del Ayuntamiento. No tenemos la ilusión de invertir más».

El Hércules protagonizó otro caso polémico. Inscrito en concurso de acreedores, contrató a futbolistas con ofertas que superaron los ofrecimientos del Numancia y de otros equipos. En enero ya se le prohibió fichar en el mercado de invierno, dadas sus deudas.

Es la trama de una injusticia legal que nació con los impagos y creció con el «mantenimiento judicial de la categoría». La AFE expuso ante el Consejo Superior de Deportes la necesidad de reformar la Ley para evitar el abuso. Está en proceso.

La UEFA atacó la injusticia

El Consejo de Ministros aprobó el 16 de diciembre un anteproyecto de reforma de la Ley Concursal que especifica que los clubes acogidos a ella descenderán o no ascenderán, según los casos, si deben dinero a jugadores.

La UEFA ya cortó por lo sano esta burla. El pasado verano descalificó al Mallorca de la Liga Europa por estar en suspensión de pagos. Le sustituyó el Villarreal, que alabó la medida. El máximo organismo del balompié europeo castigará las malas gestiones con la prohibición de jugar en el continente. España también debe impedir que nuestro fútbol sea señalado como el líder de la morosidad.